La Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, Eurocontrol, define el concepto Just Culture como “cultura en la que operadores de primera línea u otros agentes no son castigados por sus acciones, omisiones o decisiones tomadas de acuerdo con su formación y experiencia, mientras que, por otro lado, la negligencia, violación grave o actos ilícitos no son tolerados”. Este concepto asentado en el mundo aeronáutico, y que la Comisión Europea traduce en español como Cultura Justa, no trata de eximir a los profesionales de sus responsabilidades sino de crear una cultura compartida que mejore los estándares de seguridad a través del estudio de las fallas del sistema, así como de los millones de operaciones que transcurren con normalidad a lo largo de cada año.
Elementos que se integran en la Cultura de Seguridad
La Cultura Justa comienza con la notificación de incidentes. Para fomentar esta praxis, y dejando de lado actos criminales o negligentes, los profesionales deben ver garantizados tres puntos esenciales: la confidencialidad de las notificaciones, así como de sus comunicaciones en frecuencia y el establecimiento de un sistema no punitivo, protegiéndoles de posibles represalias como la pérdida de la licencia para ejercer su profesión o su procesamiento judicial. En este sentido, el concepto Just Culture cambia la forma de entender las decisiones que desembocan en ‘errores’ o ‘fallos’, asentándose sobre un sistema no punitivo de notificaciones en beneficio de la seguridad a través del aprendizaje.
Gracias al desarrollo del concepto Just Culture, además de ponerse en valor la necesidad de establecer canales de comunicación y la propia formación de los profesionales, se están sentado las bases de un nuevo modelo de relación entre profesionales del sector aéreo, autoridades supervisoras y reguladoras y administradores de justicia, fomentando la confianza y comprensión mutua y evitando interferencias innecesarias que afecten al desarrollo de la seguridad en el sector de la aviación.
Ante un incidente o accidente siempre surgen muchas preguntas, las pricipales: ¿Por qué sucedió? ¿cómo podemos evitarlo? y, por otro lado, ¿quién es responsable? Just Culture permite crear un equilibrio viable entre la mejora seguridad y administración de sanciones, diferenciando entre ‘errores honestos’ y actos criminales o negligentes, así como entre investigaciones técnicas e investigaciones judiciales o administrativo sancionadoras.
Investigación de accidentes e incidentes graves
La Ley 21/2003, de Seguridad Aérea, en su título II, y el Real Decreto 298/1998 constituyen el régimen jurídico español en materia de investigación de accidentes e incidentes graves, y aunque son anteriores a la Directiva 95/56/CE, constituyen la transposición de esta norma comunitaria.
El objetivo de estas investigaciones técnicas, es determinar, a través de un informe técnico, las causas y circunstancias de los accidentes e incidentes graves en la Aviación Civil y nunca identificar a los responsables de estos sucesos. En este sentido, las investigaciones técnicas constituyen una herramienta de aprendizaje para la mejora de la seguridad aérea y se nutren de la cesión voluntaria de información por parte de los profesionales del sector de la aviación – ingenieros, controladores aéreos, pilotos, entre otros colectivos profesionales –. De hecho, es necesario establecer una diferenciación clara entre las investigaciones judiciales o administrativo sancionadoras y las investigaciones técnicas, aunque ambas transcurren de forma paralela son completamente independiente. Pese a que existe una clara separación existen disfunciones, representadas, por ejemplo, a través del artículo 16 de la Ley de Seguridad Aérea, en el que se contempla la posibilidad de trasladar informaciones y datos de la investigación técnica a la autoridad judicial, pudiéndose utilizar para imputar responsabilidades criminales o de otra naturaleza.
Tal y como se ha señalado, los profesionales del sector de la aviación colaboran de forma voluntaria a enriquecer las investigaciones técnicas en beneficio del interés público de mejorar la seguridad aeronáutica. El riesgo de que su participación puede implicar una futura sanción, al constituir una prueba inculpatoria, diluye la condición de confianza en el proceso de investigación técnica afectando, en consecuencia, a la actitud colaborativa inherente para que ésta pueda desarrollarse. El uso de los informes perteneciente a investigaciones técnicas en procesos judiciales es reprobable desde el punto de vista constitucional, vulnerando el artículo 24.2 de la Constitución española y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre el derecho a no declarar sobre sí mismo ni a declararse culpable; el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre el derecho a un proceso equitativo y con todas las garantías, con exclusión de la prueba ilícitamente obtenida; y los artículos 18.3 de la Constitución y el artículo 8 de la Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece el derecho a fundamental al secreto en las comunicaciones.
Modelo de estudio de sistemas de seguridad de Reason «The Swiss Cheese model system»
Just Culture
La Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, Eurocontrol, define el concepto Just Culture como “cultura en la que operadores de primera línea u otros agentes no son castigados por sus acciones, omisiones o decisiones tomadas de acuerdo con su formación y experiencia, mientras que, por otro lado, la negligencia, violación grave o actos ilícitos no son tolerados”. Este concepto asentado en el mundo aeronáutico, y que la Comisión Europea traduce en español como Cultura Justa, no trata de eximir a los profesionales de sus responsabilidades sino de crear una cultura compartida que mejore los estándares de seguridad a través del estudio de las fallas del sistema, así como de los millones de operaciones que transcurren con normalidad a lo largo de cada año.
Elementos que se integran en la Cultura de Seguridad
La Cultura Justa comienza con la notificación de incidentes. Para fomentar esta praxis, y dejando de lado actos criminales o negligentes, los profesionales deben ver garantizados tres puntos esenciales: la confidencialidad de las notificaciones, así como de sus comunicaciones en frecuencia y el establecimiento de un sistema no punitivo, protegiéndoles de posibles represalias como la pérdida de la licencia para ejercer su profesión o su procesamiento judicial. En este sentido, el concepto Just Culture cambia la forma de entender las decisiones que desembocan en ‘errores’ o ‘fallos’, asentándose sobre un sistema no punitivo de notificaciones en beneficio de la seguridad a través del aprendizaje.
Gracias al desarrollo del concepto Just Culture, además de ponerse en valor la necesidad de establecer canales de comunicación y la propia formación de los profesionales, se están sentado las bases de un nuevo modelo de relación entre profesionales del sector aéreo, autoridades supervisoras y reguladoras y administradores de justicia, fomentando la confianza y comprensión mutua y evitando interferencias innecesarias que afecten al desarrollo de la seguridad en el sector de la aviación.
Ante un incidente o accidente siempre surgen muchas preguntas, las pricipales: ¿Por qué sucedió? ¿cómo podemos evitarlo? y, por otro lado, ¿quién es responsable? Just Culture permite crear un equilibrio viable entre la mejora seguridad y administración de sanciones, diferenciando entre ‘errores honestos’ y actos criminales o negligentes, así como entre investigaciones técnicas e investigaciones judiciales o administrativo sancionadoras.
Investigación de accidentes e incidentes graves
La Ley 21/2003, de Seguridad Aérea, en su título II, y el Real Decreto 298/1998 constituyen el régimen jurídico español en materia de investigación de accidentes e incidentes graves, y aunque son anteriores a la Directiva 95/56/CE, constituyen la transposición de esta norma comunitaria.
El objetivo de estas investigaciones técnicas, es determinar, a través de un informe técnico, las causas y circunstancias de los accidentes e incidentes graves en la Aviación Civil y nunca identificar a los responsables de estos sucesos. En este sentido, las investigaciones técnicas constituyen una herramienta de aprendizaje para la mejora de la seguridad aérea y se nutren de la cesión voluntaria de información por parte de los profesionales del sector de la aviación – ingenieros, controladores aéreos, pilotos, entre otros colectivos profesionales –. De hecho, es necesario establecer una diferenciación clara entre las investigaciones judiciales o administrativo sancionadoras y las investigaciones técnicas, aunque ambas transcurren de forma paralela son completamente independiente. Pese a que existe una clara separación existen disfunciones, representadas, por ejemplo, a través del artículo 16 de la Ley de Seguridad Aérea, en el que se contempla la posibilidad de trasladar informaciones y datos de la investigación técnica a la autoridad judicial, pudiéndose utilizar para imputar responsabilidades criminales o de otra naturaleza.
Tal y como se ha señalado, los profesionales del sector de la aviación colaboran de forma voluntaria a enriquecer las investigaciones técnicas en beneficio del interés público de mejorar la seguridad aeronáutica. El riesgo de que su participación puede implicar una futura sanción, al constituir una prueba inculpatoria, diluye la condición de confianza en el proceso de investigación técnica afectando, en consecuencia, a la actitud colaborativa inherente para que ésta pueda desarrollarse. El uso de los informes perteneciente a investigaciones técnicas en procesos judiciales es reprobable desde el punto de vista constitucional, vulnerando el artículo 24.2 de la Constitución española y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre el derecho a no declarar sobre sí mismo ni a declararse culpable; el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre el derecho a un proceso equitativo y con todas las garantías, con exclusión de la prueba ilícitamente obtenida; y los artículos 18.3 de la Constitución y el artículo 8 de la Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece el derecho a fundamental al secreto en las comunicaciones.
Modelo de estudio de sistemas de seguridad de Reason «The Swiss Cheese model system»