No tendrá consecuencias económicas, pero es una gran victoria moral para las familias de las víctimas. Más de 13 años después, el Consejo de Estado ha reconocido oficialmente por vez primera la responsabilidad del Ministerio de Defensa, dirigido entonces por Federico Trillo, en el siniestro que costó la vida a 62 militares que regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003. El dictamen, que ya está en manos de la ministra María Dolores de Cospedal, reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en la mayor catástrofe de la historia moderna del Ejército español en tiempos de paz. “Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente. Dicho con otras palabras pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría”, concluye el dictamen al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Leer en El País.