El Gobierno quiere que las tarifas de los aeropuertos queden limitadas durante los próximos 11 años en el marco de la privatización del 49% de la red de Aena. El borrador del real decreto ley por el que se establece el marco jurídico de la empresa aún pública fija la “congelación” hasta 2025 del ingreso máximo anual por pasajeros (Imap), el baremo a raíz del cual se fijarán las tarifas a través de una compleja fórmula. Esto solo dejará de ser así cuando, por cambios normativos o fenómenos imprevisibles, las inversiones de Aena no superen los 450 millones anuales y el incremento de los costes aeroportuarios supere el 1%.

La decisión de congelar las tarifas queda recogida en el dictamen hecho público hoy por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el borrador de decreto y que pone en tela de juicio muchos de los elementos que el Ejecutivo ha escogido para el modelo de privatización. El organismo critica que se haya optado por una privatización global y no aeropuerto por aeropuerto. En la nueva etapa, la vieja Aena pública se llamará Enaire y mantendrá la misma naturaleza y régimen jurídico, con las competencias de navegación aérea, mientras que Aena Aeropuertos S. A. será ahora Aena S. A.

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