El decreto ley publicado este sábado permitirá a AENA, una vezprivatizada, que negocie con las aerolíneas dispuestas a pagar “servicios especializados voluntarios o el uso de infraestructuras especializadas” en los aeropuertos. El precio de esos servicios se considera “voluntario” y, por tanto, no está sometido a supervisión y escapa a la congelación de tarifas prevista hasta 2025. Si no es posible prestar esos servicios a todas las aerolíneas que los quieran, se escogerá con “criterios pertinentes, objetivos, transparentes y no discriminatorios”. El precio puede ser clave. Además, AENA podrá pactar con las asociaciones de aerolíneas “un acuerdo sobre el nivel y calidad del servicio de acuerdo con el importe de las tarifas, aunque sin que descienda por debajo de unos estándares mínimos previstos.

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