Los directores de los aeropuertos españoles han perdido la condición de autoridad pública que les atribuía la ley tras la transformación de Aena en empresa y no pueden imponer sus instrucciones al personal de la torre de control más allá de lo que fijen los procedimientos. Así lo determina una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Puerto del Rosario que ampara a dos controladores de Fuerteventura despedidos por negarse a prolongar la operación del aeropuerto después de las 23.00 horas (su hora habitual de cierre) para permitir que despegase un avión que se había retrasado unos minutos, porque una de sus pasajeras se sintió indispuesta y fue preciso evacuarla.

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